La propiedad social surge en Cuba para satisfacer el interés y bienestar general del pueblo. Con ella se solventaba el fondo social de consumo (FSC), fuente principal de satisfacción de las necesidades sociales. Con él se brindan los servicios gratuitos y los ineficientes y escasos servicios públicos.
Este fondo también pagaba el trabajo remunerado obrero y campesino. No olvidemos que estos últimos están obligados, por ley, a trabajar la tierra y vender a precios muy bajos el 80% de sus producciones al estado. Incumplir significa ser despojados arbitrariamente de sus propiedades.
El FSC también fue la justificación que motivó la exclusión de los ciudadanos del quehacer económico. El trabajo remunerado se convirtió en la principal fuente de satisfacción de las necesidades personales y familiares. También fundamentó la sub valoración de los intereses individuales ante los generales o comunes de la sociedad cubana.
Comprendo la imposibilidad de que la población de conjunto ejercite las facultades que confieren el derecho de propiedad sobre los bienes colectivos. Es por ello la razón fundamental por la cual el estado castrista administra los mismos. Lo cierto es que esta administración nunca ha satisfecho el interés común del pueblo.
Realmente el interés colectivo nunca ha existido ni existirá en Cuba. Es una simple idea que justifica los amplios poderes y atribuciones de la oligarquía burocrática castrista. El sometimiento del pueblo a su dirección y dominación. La subordinación de la sociedad en general a los intereses de la casta privilegiada.
Esta es la raíz de los antagonismos de clase que el socialismo cubano no ha podido, ni ha tenido la intención de eliminar. El ciudadano aislado e insatisfecho tiende o se inclina a obrar según sus intereses individuales, en contraposición al ideal colectivo.
Esta contradicción es la que explica las apropiaciones individuales de los bienes supuestamente comunes, la ausencia del sentimiento de pertenencia por los mismos de los ciudadanos cubanos. En realidad nunca ha existido la propiedad socialista de todo el pueblo.
En otra ocasión, advertí que no le robamos a nadie porque constitucionalmente somos dueños colectivos de la propiedad socialista (art 14). Pero este reconocimiento jurídico de nuestra titularidad, no nos da ningún poder o señorío sobre la propiedad estatal.
El titular exclusivo es el estado y la clase política que lo representa. Dígase Castro y su camarilla. Ellos son los que autorizan a usar y disfrutar limitadamente del patrimonio estatal. Regulan por ley los casos y condiciones de ejercicio de estas restringidas facultades.
A pesar de ser aparentemente un patrimonio común, la clase dirigente comunista dispone de los mismos sin requerir del consentimiento del pueblo, dándole el destino que mejor le parezca.
El hecho de que la opinión más generalizada afirme que el ciudadano cubano tiene que robar para vivir prueba que no somos dueños de nada. El orden jurídico e institucional de Cuba es el primero que reafirma este sentimiento.
La ley penal cubana cataloga como delito “las sustracciones de ajena pertenencia con animo de lucro” que se derivan del hurto, robo, malversaciones y las apropiaciones indebidas. Tengamos presente siempre que el código penal protege la inexistente economía social.
Los medios de comunicación social también nos recuerdan a diario que no somos propietarios. Refleja y cataloga el hurto, como incidente que afecta la propiedad estatal. Aún así, le reafirma al ciudadano que con sus acciones mantiene una conducta delictiva. La mejor muestra de ellos es “la lucha contra el robo y las ilegalidades”.
No existe propiedad social o común en Cuba. No somos dueños de nada. Este es uno de los tantos engaños que está sufriendo y pagando bien caro el pueblo cubano. Desde que aceptó la dirección y dominación castrista, se ha determinado la esclavitud, sumisión y miseria general de toda la población de la isla.
Arroyo Naranjo, 2007-08-23
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