jueves, 29 de noviembre de 2007

Peligro: joven y negro, Luis Cino


A Raicel se lo llevaron esposado dos policías de su apartamento. Tenía 17 años y vivía en el edificio 52, del Reparto Eléctrico, en el municipio Arroyo Naranjo, al sur de La Habana. Acusado de “peligrosidad predelictiva” lo condenaron a cumplir 4 años de cárcel en el Combinado del Este.

Raicel Pérez Oliva fue uno de los 400 jóvenes, en su mayoría negros o mulatos, encarcelados entre enero y abril del año 2005 durante las redadas policiales de la Operación Contención. Según un informe de la proscrita Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, a ninguno se le comprobó un delito específico. Simplemente, se les acusó de ser proclives a delinquir.

En el caso de Raicel, su delito fue que dejó los estudios y no empezó a trabajar cuando arribó a la edad laboral.

Sin camisa y en chancletas, Raicel acostumbraba a sentarse con sus amigos en la orilla de la acera. Pasaban horas allí, a la sombra de un árbol. No había mucha distracción para ellos en el barrio y no tenían dinero para ir a divertirse en otra parte de la ciudad.

Jugaban pelota y fútbol. Oían rap y regueton a todo volumen. Piropeaban a las muchachas que pasaban. A veces, entre todos, reunían dinero para comprar una botella de “chispa de tren” (nunca alcanzaba para ron del verdadero).Se despedían con la frase más repetida en Cuba por los jóvenes: “No es fácil”.

Algunos vecinos se quejaban de su conducta, pero todos coinciden en que no había motivos para encerrarlo en la cárcel.

Las operaciones policiales de limpieza social, denominadas “medidas de seguridad predelictiva”, se definen en los artículos del 78 al 84 del Código Penal cubano. Pueden acarrear de uno a cuatro años de cárcel.

La policía puede emplearlas a discreción contra vagos, alcohólicos, enajenados, disidentes y todos los que denominan “elementos antisociales”. Todos caben en el mismo saco.

En el artículo 73 se tipifican como “conductas antisociales”, entre otras: “quebrantar las reglas de convivencia social y alterar el orden”. El artículo 75 amenaza con castigos “a los que mantienen vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la sociedad y el Estado socialista”.

Las operaciones de limpieza social no son una novedad en Cuba. La arbitraria profilaxis revolucionaria en pos de la corrección política e ideológica, es casi tan antigua como la revolución cubana.

A mediados de los años 60, homosexuales, hippies, Testigos de Jehová y todo tipo de inadaptados y “seres de conducta impropia” fueron encerrados en los campamentos de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). En algunos de los campamentos, rodeados por alambradas y custodiados por guardias armados, enormes letreros proclamaban dantescos: “El trabajo nos hará hombres”.

El cierre de los campamentos no significó el fin de las redadas policiales. A las convulsiones de la ofensiva revolucionaria de 1968, siguió la Ley contra la Vagancia.

En las últimas décadas, han seguido los operativos policiales bajo nombres tan sugerentes como Pitirre en el Alambre, Adoquín o Coraza. Los objetivos de las redadas crecieron: jineteras, artesanos, macetas, expendedores de drogas, vendedores callejeros, cuentapropistas sin licencia.

Los experimentos en ingeniería social para crear el quimérico “hombre nuevo” tropezaron con demasiados elementos díscolos.

Para enfrentar el delito, las autoridades cubanas siguen apostando por las leyes represivas, tomadas en préstamo del arsenal jurídico fascista de Mussolini.

Como en Minority Report, el film futurista de Spielberg, los fiscales del socialismo cubano combaten el crimen antes que se cometa.

Para colmo de males, las autoridades aplican las “medidas de seguridad predelictiva” con evidentes prejuicios raciales.

Un estudio encargado por la Fiscalía General en 1987, reveló que de 643 casos de peligrosidad social llevados a los tribunales en La Habana entre mayo y diciembre de 1986, 345 de los acusados eran negros y 120 mulatos. Un 78 % de las personas consideradas “socialmente peligrosas” eran no blancos.

Veinte años después, las desigualdades provocadas por el Período Especial han empeorado la situación. Activistas de derechos humanos calculan que el 84% de los acusados por las autoridades de “peligrosidad predelictiva” son negros o mulatos, mayoritariamente entre los 17 y los 30 años de edad.

Arroyo Naranjo, 2007-10-20

luicino2004@yahoo.com

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