México y Cuba mantienen relaciones problemáticas. La Habana impone su agenda en una conspiración que perdió la orientación humanista hace muchos años
El Vedado, La Habana, 3 de septiembre de 2009, (SDP) El Embajador de México, Ricardo Pascoe, se sentó con Jorge Arbesú, jefe del tenebroso Departamento América del Comité Central del Partido Comunista, en su sede, el 2 de abril de 2001 , para trazar una estrategia común entre los dos estados para la cercana reunión de la Comisión de Derechos Humanos, donde se condenaría a Cuba por la constante violación de los Derechos Humanos.
Conociendo que el “Departamento” es el responsable de la subversión y la ingobernabilidad terrorista en el hemisferio desde hace cincuenta años, llama la atención que el embajador mexicano se reuniera en ese lugar a preparar la defensa de la dictadura más larga del continente. Quizás por eso, más que embajador en la isla, se le consideraba el representante mexicano de los intereses de F. Castro en Cuba.
La historia no es extraordinaria. En días recientes, el líder nacional del Partido de Acción Nacional (PAN), Cesar Nava, también se reunió con Arbezú. Le comunicó su alegría por el curso de las relaciones entre los dos estados. Participaron en esa reunión Pedro Lobaina, Jefe de la sección México del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central y Manuel Aguilera, el embajador en el DF.
Por regla, a los políticos mexicanos (excepto a Jorge Castañeda y Vicente Fox) e incluso al actual Presidente Calderón, les interesa más las buenas relaciones con la dictadura - que apoya a sus desestabilizadores, como López Obrador y el ala dura del PRD- que con los demócratas cubanos.
Fox y Castañeda defendieron en su momento una postura de compromiso con los derechos humanos en la isla y con las fuerzas prodemocráticas. F. Castro les respondió con el “guaguaso” (un autobús que se proyectó contra la embajada azteca) y el “telefonazo” (hizo públicas las conversaciones telefónicas privadas entre los Presidentes F. Castro y V. Fox). Surgió así el “Efecto Tequila”, que paraliza a los presidentes latinoamericanos ante las barbas de Castro.
Pronto se cumplirá un año de la firma de los Pactos Migratorios entre los dos gobiernos. En su esencia, legitiman la naturaleza represiva y discriminatoria de los derechos de los cubanos tanto en México y Cuba como en terceros países.
Diferentes fuentes afirman que la rúbrica del pacto tuvo como marco la necesidad de los empresarios de CEMEX (Cementos Mexicanos) de obtener los máximos dividendos ante la intervención de la que sería victima por parte del gobierno venezolano. Como es conocido, todo el que tiene problemas con Chávez, sabe que la mejor solución es viajar a la Habana a hablar con los Consigliere del Departamento América del Comité Central comunista. Ofrecer algo… y cosa resuelta.
CEMEX es el tercer productor de cemento del mundo y fue nacionalizada en Venezuela, con apenas un término de sesenta días para discutir las bases de la compensación bolivariana ya expirada. Las pérdidas netas de la intervención fueron de un 74 % en reducción de ganancias netas y la pérdida de 6 000 empleos. Se puede comprender como de pronto la poderosa Secretaría de Estado Mexicana estaba al servicio de la pobre e insoluble Cancillería castrista. Por eso los acuerdos firmados ahora hace un año están hechos a la medida de la enferma visión de la política exterior del gobierno militar.
En ellos no se hace la más mínima mención a la opción de ningún cubano a pedir al gobierno mexicano protección contra persecución del Estado Cubano ni mucho menos exige monitorear a los deportados para su posterior protección contra represalias en Cuba. El Estado Mexicano acepta por buena la posición del gobierno cubano de no recibir de regreso a los nacionales que se quedaran en el exterior “sin permiso” del Estado.
El tema de la obligación de las naciones de aceptar la entrada de sus naturales a sus respectivos países es motivo de discusión en el derecho internacional público. Eso fue letra muerta en los acuerdos, que también pusieron a la humanitaria política norteamericana de recepción de refugiados, en la mira de la política exterior de los dos estados.
Las bases del Pacto Migratorio del 2008 están en los acuerdos migratorios suscritos en septiembre de 2001. En ellos se impuso el mayor control sobre el tráfico de personas y se aceptaron los límites impuestos por el gobierno militar. Se restringieron los viajes de cubanos con interés de turismo, oportunidades laborales o el escape, tanto hacia México, que como parte de la ruta para la reunificación familiar en los Estados Unidos de América.
De cara a la fecha patria mexicana el próximo 15 de septiembre, deja mucho que desear su política exterior, con los llamamientos a la libertad del Cura Hidalgo.
aleagapesant@yahoo.es
El Vedado, La Habana, 3 de septiembre de 2009, (SDP) El Embajador de México, Ricardo Pascoe, se sentó con Jorge Arbesú, jefe del tenebroso Departamento América del Comité Central del Partido Comunista, en su sede, el 2 de abril de 2001 , para trazar una estrategia común entre los dos estados para la cercana reunión de la Comisión de Derechos Humanos, donde se condenaría a Cuba por la constante violación de los Derechos Humanos.
Conociendo que el “Departamento” es el responsable de la subversión y la ingobernabilidad terrorista en el hemisferio desde hace cincuenta años, llama la atención que el embajador mexicano se reuniera en ese lugar a preparar la defensa de la dictadura más larga del continente. Quizás por eso, más que embajador en la isla, se le consideraba el representante mexicano de los intereses de F. Castro en Cuba.
La historia no es extraordinaria. En días recientes, el líder nacional del Partido de Acción Nacional (PAN), Cesar Nava, también se reunió con Arbezú. Le comunicó su alegría por el curso de las relaciones entre los dos estados. Participaron en esa reunión Pedro Lobaina, Jefe de la sección México del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central y Manuel Aguilera, el embajador en el DF.
Por regla, a los políticos mexicanos (excepto a Jorge Castañeda y Vicente Fox) e incluso al actual Presidente Calderón, les interesa más las buenas relaciones con la dictadura - que apoya a sus desestabilizadores, como López Obrador y el ala dura del PRD- que con los demócratas cubanos.
Fox y Castañeda defendieron en su momento una postura de compromiso con los derechos humanos en la isla y con las fuerzas prodemocráticas. F. Castro les respondió con el “guaguaso” (un autobús que se proyectó contra la embajada azteca) y el “telefonazo” (hizo públicas las conversaciones telefónicas privadas entre los Presidentes F. Castro y V. Fox). Surgió así el “Efecto Tequila”, que paraliza a los presidentes latinoamericanos ante las barbas de Castro.
Pronto se cumplirá un año de la firma de los Pactos Migratorios entre los dos gobiernos. En su esencia, legitiman la naturaleza represiva y discriminatoria de los derechos de los cubanos tanto en México y Cuba como en terceros países.
Diferentes fuentes afirman que la rúbrica del pacto tuvo como marco la necesidad de los empresarios de CEMEX (Cementos Mexicanos) de obtener los máximos dividendos ante la intervención de la que sería victima por parte del gobierno venezolano. Como es conocido, todo el que tiene problemas con Chávez, sabe que la mejor solución es viajar a la Habana a hablar con los Consigliere del Departamento América del Comité Central comunista. Ofrecer algo… y cosa resuelta.
CEMEX es el tercer productor de cemento del mundo y fue nacionalizada en Venezuela, con apenas un término de sesenta días para discutir las bases de la compensación bolivariana ya expirada. Las pérdidas netas de la intervención fueron de un 74 % en reducción de ganancias netas y la pérdida de 6 000 empleos. Se puede comprender como de pronto la poderosa Secretaría de Estado Mexicana estaba al servicio de la pobre e insoluble Cancillería castrista. Por eso los acuerdos firmados ahora hace un año están hechos a la medida de la enferma visión de la política exterior del gobierno militar.
En ellos no se hace la más mínima mención a la opción de ningún cubano a pedir al gobierno mexicano protección contra persecución del Estado Cubano ni mucho menos exige monitorear a los deportados para su posterior protección contra represalias en Cuba. El Estado Mexicano acepta por buena la posición del gobierno cubano de no recibir de regreso a los nacionales que se quedaran en el exterior “sin permiso” del Estado.
El tema de la obligación de las naciones de aceptar la entrada de sus naturales a sus respectivos países es motivo de discusión en el derecho internacional público. Eso fue letra muerta en los acuerdos, que también pusieron a la humanitaria política norteamericana de recepción de refugiados, en la mira de la política exterior de los dos estados.
Las bases del Pacto Migratorio del 2008 están en los acuerdos migratorios suscritos en septiembre de 2001. En ellos se impuso el mayor control sobre el tráfico de personas y se aceptaron los límites impuestos por el gobierno militar. Se restringieron los viajes de cubanos con interés de turismo, oportunidades laborales o el escape, tanto hacia México, que como parte de la ruta para la reunificación familiar en los Estados Unidos de América.
De cara a la fecha patria mexicana el próximo 15 de septiembre, deja mucho que desear su política exterior, con los llamamientos a la libertad del Cura Hidalgo.
aleagapesant@yahoo.es
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