El general Raúl Castro en su discurso del 26 de julio pasado habló sobre la posibilidad de cambios estructurales y de conceptos. Las transformaciones conceptuales son indispensables en Cuba si se desea establecer un proceso de cambios coherentes que ofrezcan beneficios a la sociedad. Hasta el presente, están vigentes falacias, prejuicios y dogmas, los cuales constituyen formidables obstáculos a vencer para poder avanzar hacia el futuro.
Ejemplo de esto se encuentra en las concepciones prevalecientes respecto a la propiedad privada, identificada erróneamente por algunos como incompatible con la justicia social. La experiencia cubana denota la carencia de sentido de ese esquema de pensamiento fosilizado.
Precisamente en Cuba se ha demostrado que la iniciativa particular, a pesar de las múltiples trabas existentes, ha sido por lo regular, eficiente y productiva. La gestión privada, además, no ha requerido subvenciones para su desarrollo, sino que, por el contrario, ha sido fuente de ingresos al presupuesto del Estado y de bienes y servicios para la sociedad.
En la agricultura, sin recursos, obligados a entregar la mayoría de sus productos a los precios fijados de manera unilateral por el gobierno y a adquirir de éste escasamente los insumos en condiciones de monopolio, así como presionados por reglamentaciones y prohibiciones absurdas, los campesinos privados obtienen cerca del 60% del conjunto de la producción con 18,2% del área agrícola al cierre del 31 de diciembre del 2006, según el Anuario Estadístico de Cuba.
Sus rendimientos agrícolas y pecuarios son muy superiores al sector estatal, que con más tierras y recursos, únicamente se ha destacado por su improductividad e ineficiencia.
Esos factores ocasionan un alto porcentaje de empresas con pérdidas económicas, que para continuar su gestión requieren subvenciones presupuestarias, desviándose así recursos utilizables en otras áreas de la economía nacional, como la salud pública, educación y seguridad social.
Iguales historias pueden apreciarse en otras actividades económicas. Tal es el caso del trabajo por cuenta propia, que extremadamente limitado, constreñido por muchísimas restricciones legales y siempre bajo el peligro de ser ilegalizado, ha demostrado ser mucho más eficiente y productivo que las entidades estatales.
Pero no sólo la experiencia cubana muestra los beneficios del sector privado en la economía. Los impactantes aumentos del PIB en China y Vietnam desde hace años, son consecuencia del sostenido incremento de la actividad privada.
Particularmente en el gigante asiático, la participación del sector privado ha sido decisiva además en la sustancial reducción de los niveles de pobreza. Por ello, la Asamblea Nacional de China aprobó la equiparación legal de la propiedad privada con la estatal, prueba fehaciente de la importancia lograda por la iniciativa individual.
Entonces, cabría preguntarse cómo en Cuba es posible identificar la propiedad estatal como un factor de progreso y mejoramiento social, mientras han definido la propiedad individual como nociva para las ansias de superación de la población, cuando la experiencia en este país indica lo contrario.
Ciertamente, sería ilógico caer en una posición extrema y rechazar la propiedad social basada en una sociedad democrática, condición que no se cumple en un país totalitario, regido por un modelo disfuncional de capitalismo de estado.
Este escenario está en franca contradicción con una concepción basada en la búsqueda de la justicia social y el resguardo de los sectores más débiles de la población, quienes no pueden ser ayudados cabalmente en una sociedad empobrecida y en crisis.
Esto deberá tomarse en cuenta ahora cuando se habla de reformas en la agricultura mediante la entrega masiva de las tierras ociosas a los campesinos, según han afirmado representantes gubernamentales.
Indudablemente, habrá que darles a los agricultores garantías de permanencia en las tierras que se dice recibirán, ya que deberán realizar trabajos muy arduos para hacerlas nuevamente productivas, debido a las pésimas condiciones en que se encuentran. Por ello, la mejor forma sería entregarlas en propiedad y exigir ciertas garantías de cultivo y cuidado de los suelos.
Si al principio se entregan con carácter de usufructo, como parece se hará, sería justo que en el futuro a los agricultores exitosos, se les permitiera mantenerlas con carácter vitalicio y con contratos donde esté incluido el derecho a la transferencia del usufructo a sus descendientes.
Otra variante podría ser el pago de los terrenos mediante rentas, con opción de compra. Todo para motivar el cuidado de las áreas y restablecer los niveles de fertilidad dañados por tantos años de malos manejos.
Por supuesto, las entregas de tierra deberán efectuarse en extensiones adecuadas que permitan la rotación de los cultivos y la aplicación de técnicas de avanzada, objetivos imposibles de alcanzar con el minifundio.
Esto estaría acompañado por la libertad total para que los nuevos agricultores y los ya existentes, escojan los cultivos y las crianzas de animales a desarrollar, así como que cuenten con entera libertad para la venta de sus productos y la compra de los insumos y equipamiento necesarios.
En adición, deberá permitirse la libre comercialización y acopio de las producciones, incluida la existencia de entidades estatales o privadas, dedicadas a la mediación entre los agricultores y el comercio minorista, como es normal en todas partes del planeta.
Resulta evidente que las reformas no podrán detenerse en la agricultura, aunque es el sector donde deban iniciarse.
Será necesario que los ciudadanos puedan ejercer el trabajo por cuenta propia e incluso desarrollar empresas pequeñas y medianas (PYMES).
El capital para hacer avanzar esos proyectos podría encontrarse no sólo en créditos estatales, sino también en la articulación de mecanismos como los propuestos por el Grupo de Estudios Cubanos (GES), radicado en La Florida, basados en el otorgamiento de micro créditos, como se está haciendo en todo el mundo, incluidos Venezuela, Bolivia y Perú. Una iniciativa para la cual el GES ha señalado tener fondos disponibles, así como la disposición a negociar con el actual gobierno en un ambiente constructivo y transparente.
Otra opción podría consistir en que algún monto de las remesas sea destinado a la creación de PYMES y otros proyectos. Se podría estudiar el establecimiento de tasas de cambio preferenciales para el dinero invertido en esos proyectos, medida que podría combinarse con créditos estatales en condiciones favorables.
Para eso, también deberían instrumentarse políticas fiscales que coadyuven al desarrollo de esas empresas, que además de fuentes de riquezas en bienes y servicios para la población y la economía en general, darían respaldo a la moneda nacional y crearían empleos útiles. En adición, contribuirían a flexibilizar el tejido económico como se ha demostrado universalmente, por ser entidades más ágiles en la adaptación a las cambiantes coyunturas internacionales.
Puede decirse que es imprescindible el surgimiento de una nueva mentalidad y cultura económica, política y social, que deje atrás concepciones obsoletas y prejuicios absurdos, totalmente ajenos al avance social, la prosperidad y la felicidad de los seres humanos.
Playa, 2008-04-6
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