Leer la prensa cubana, para mantenerse “informado”, es algo engorroso. Los trabajos periodísticos casi siempre tienen corte político. No obstante no son pocos los que la siguen para mantenerse “actualizados”. Tales informaciones generan contradicciones en sus lectores que tienen la cara fea.
Resulta que la edición del día 13 de diciembre del 2004 correspondiente al periódico “Trabajadores”, Órgano oficial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) refirió en su página tres un artículo titulado: “Hereda la tierra quien la trabaja”; sin embargo, ello parece no siempre cumplirse en el archipiélago cubano.
Según Juan Antonio Jiménez Morejón de 67 años, residente en la vivienda # 185, del kilómetro 2 de la Carretera a Ranchuelo, Barriada “La Yuca”, por espacio de unos 12 años trabajó en solitario diferentes plantaciones en 25 cordeles de tierra, propiedad de la señora María Cabrera. Hecho que corroboran sus vecinos Bello González, Olga Resino y los hermanos Roberto y Antonio Simeón, entre otros.
Tras el fallecimiento de María en febrero del año 2003, el área ubicada en la Cooperativa de Créditos y Servicios “Marcelo Salado”, en las proximidades del poblado “La Esperanza”, esa tierra ha sido reclamada por Jiménez Morejón; debido que las autoridades gubernamentales le plantean que no tiene derecho.
Señaló Jiménez Morejón que a inicios del 2004; fue citado para la oficina de Registro de la Tierra (ORT) del municipio de Ranchuelo, por continuar laborando en los 25 cordeles de tierra. En ese local, Bernardo López; director de la mencionada entidad, le expresó que tenía que marcharse del lugar; porque el área reclamada no era de su posesión.
El funcionario argumentó; que el derecho de la tierra correspondía exclusivamente a Candida Cabrera, por ser esta la hermana de María y no a él; pues no tenía parentesco alguno con la fenecida. No obstante Juan Antonio le contestó; que presentaría una demanda al Consejo de Estado de la República de Cuba; basándose en los más de cinco años de trabajo, como estipula la ley.
A finales del citado año; la máxima entidad estatal respondió al protestante, que había un mal procedimiento y tratara el asunto con los directivos en la Delegación Provincial del Ministerio de la Agricultura en Villa Clara; pero en el encuentro, estos lo remitieron a la oficina de Atención a la Población, situada en la calle Martí de la ciudad de Santa Clara.
En el recinto, la funcionaria Saida Breña Acevedo le dijo a Jiménez Morejón, que gestionara el litigio por vía jurídica y este nombró como abogado a Juan Carlos González. El letrado le cobró 125 pesos moneda nacional por el contrato y tras unas semanas; le comunicó que el fallo había venido en su contra.
De igual modo el afectado fue citado, por el Jefe de Sector Policial en su zona de residencia nombrado Alexis, y directivos de la Organización Nacional de Inspección Agropecuaria (ONIA); quienes le exigieron el cierre del proceso de reclamación.
Al Juan Antonio mostrarles a Pedro Hernández Trimiño, jefe de la ONIA, lo plasmado en la edición del periódico Trabajadores en diciembre del 2004, este le expresó: “No todo lo que dice el periódico, se puede creer ciudadano” y de manera inmediata le impuso una multa de 250 pesos nacionales.
En febrero del 2007; al continuar trabajando en los 0.07 caballerías de tierra, fue visitado en su hogar por dos inspectores; el ya conocido Trimiño y uno nuevo apellidado Sarduy, quienes también le aplicaron al perjudicado; una sanción de 1000 pesos nacionales, que este se negó a pagar.
Durante el mes de julio del pasado año, Mayelín Sánchez Pascual, asesora jurídica de la ORT, mostró a Jiménez Morejón un manuscrito; donde se plasmaba, que la única heredera de la tierra era la señora Candida, hermana de la occisa; pero el campesino le replicó: “Continuaré mi demanda para que se cumpla la ley y no la herencia”.
Días después Yunior Frómeta Muñoz, nieto de la beneficiada, entregó al oficial Julio González; en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ubicada en la calle Monteagudo del poblado La Esperanza, un documento de la ORT contra Jiménez Morejón.
González citó al reclamante para el recinto policial y lo amenazó igual que a sus hijas; quienes lo acompañaron al lugar, nombradas Iliané, operada del corazón y madre de una niña de siete años, e Isménia Jiménez Sosa, de 36 y 39 años respectivamente; con apresarlos si continuaban exigiendo las tierras.
El mestizo Juan Antonio; quien recibe sólo una pensión de 122 pesos, al ver que demanda justicia a diferentes instancias y las autoridades gubernamentales continúan dando la razón a Candida, quien recibe remesas de su hijo Balbino Muñoz, residente en los Estados Unidos de América, se siente afligido y a diario se pregunta: ¿Tendrá Trimiño la razón?
Villa Clara, 30/03/2008
1 comentario:
Me conmueve tanto tu ingenuidad como la del "mestizo" (como tú mismo lo denominas. Estamos hablando de un hombre de 67 años, ¿En que país ha estado viviendo este campesino?
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