Arroyo Naranjo, La Habana, julio 24 de 2008, (SDP) La agenda de debate parlamentario del primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la presente legislatura, incluía la aprobación de indicaciones para reforzar los vínculos de los diputados con sus electores
Los lazos entre los diputados y su cuerpo electoral, regulados en la constitución, tienen elementos que caracterizan varios tipos de mandato, incompatibles entre sí. Esto, por supuesto, trae importantes consecuencias para el sistema de representación política cubano.
El articulo 68 inciso c) de la Constitución establece que “los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de su cargo en cualquier momento (…)”.Esta prerrogativa, a pesar de su importancia, no se regula como un derecho político fundamental de los ciudadanos cubanos en general.
La obligación de rendir cuentas del elegido y la facultad de revocación como derecho del elector son características del mandato imperativo. Este tipo de representación política establece la obligatoriedad de cumplimiento del programa del partido que nomina al candidato.
Es una cuestión que limita la representación de los intereses del electorado. Esta es la razón por la que se prohíbe en algunos textos constitucionales de América Latina y Europa. Sin embargo, en Cuba se justifica su presencia porque en las elecciones parlamentarias no interviene el Partido Comunista de Cuba (PCC).
No obstante, la estructura organizativa del PCC le permite influenciar y estar presente en todas las instituciones política del país. Sus miembros también lo son de las organizaciones sociales y de masas creadas por el Estado (CDR, CTC, FMC, UJC, FEU, ANAP, FEEM, etc.). Son los mismos que integran las comisiones de candidatura que proponen a los diputados nacionales.
El candidato a diputado nacional representa los intereses de una organización que a su vez, representa los intereses de un sector social. Pero al ser miembros del PCC, están obligados a aplicar los acuerdos de este, desde el lugar donde estén. En este caso, desde su puesto en el parlamento.
Por este motivo aseguran que los propuestos y nominados sean efectivamente elegidos. Esto lo logran a través de la nominación que hacen las 169 asambleas municipales existentes en el país. La candidatura es de lista cerrada y bloqueada, con tantos candidatos como escaños a cubrir tiene el municipio en el parlamento.
La boleta electoral con lista cerrada impide al elector proponer y nominar a otros candidatos diferentes a los escogidos por las comisiones de candidatura. El voto unido o en bloque impide un voto selectivo y preferencial. Anula completamente la facultad de elegir.
En estas condiciones, es difícil que los candidatos propuestos y nominados no obtengan los votos necesarios para ocupar el puesto en la Asamblea Nacional. De esta forma aseguran que los electos respondan a los interese políticos e ideológicos del PCC y la mayoría parlamentaria que legitima sus políticas.
Por otra parte, la formula de elección de los diputados nacionales hace completamente innecesaria la rendición de cuentas. En la práctica, esta no se da porque no hay coincidencia de intereses entre el elector y el elegido. El primero no tiene forma de establecer el sentido en que el segundo ha de emitir su voto cuando lo represente en el parlamento.
El elector, al emitir su voto, no escoge un candidato que defienda un programa político que recoja sus interese propios y concretos. Por su parte, los candidatos parlamentarios no conocen los intereses comunes del cuerpo electoral que lo elige. Principalmente, porque no fueron estos los que lo propusieron ni lo nominaron.
El elegido no tiene la obligación de cumplir las encomiendas particulares de sus electores. La aceptación de sugerencias y críticas no es sinónimo de obligatoriedad de cumplimiento. Esto garantiza que su programa de acción política, como miembros del PCC, sea el único que se defienda en elecciones y se convierta en política del Estado y de gobierno.
laritzadiversent@yahoo.es
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