La Habana, julio 3 de 2008, (SDP) Faltó el bello rostro de la ministra de justicia, Maria Ester Reus, natural contrapeso al poco agraciado de Randy. En compensación, la almibarada voz de la Sra. Emilia González Pérez, Vice-Presidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP), atenuó la agresión estética.
Pero así como la aspereza de un timbre sonoro no desvaloriza un mensaje de amor, la sonriente eufonía de Doña Emilia no logró encubrir las irritantes mentiras con que justificó su salario de amanuense.
A tres puntos de su intervención me voy a referir. Son los que ella denomina Principios Básicos de la administración de justicia.
La vice ministra nos informó que la administración de justicia se rige por principios. Y los menciona: imparcialidad, colegiación y participación popular.
Las palabras “justicia revolucionaria” me evocan los tristemente célebres “Tribunales Revolucionarios”. Estos enviaron a la muerte a miles de compatriotas, con la naturalidad que por acá decimos, “como tomar un vaso de agua”. Sabemos que a modo de justificación se esgrimirán los manidos argumentos de: La ‘revolución’ necesitaba, o sigue en la necesidad de defenderse.
Pero veamos: Habría que ver la ‘imparcialidad’ de aquellos circunspectos magistrados. Me pregunto que habría sucedido si alguno se hubiese atrevido a levantar su pulgar, al decidir la suerte de los pre condenados. Moriré con la duda.
Colegiación. Huele a distribución equitativa de la culpa, histórica o flagrante. ¿Torquemada colegiaría sus decisiones? Aritmética elemental: Culpa repartida entre cinco, toca a veinte por ciento. Pesa cinco veces menos. Tal vez no me aplaste.
Participación popular. Más claro ni el agua. No se trata de nosotros, la nomenklatura y sus testaferros. Es la soberana expresión de la voluntad popular. Nuestros pérfidos enemigos podrán difamar. Nunca podrán decir que no respetamos la voluntad popular.
Otra gema de la facunda Emilia fue cuando afirmó: ‘No hay obediencia jerárquica en nuestros paradigmáticos tribunales’. Tampoco en otras anatomías de nuestro cuerpo social. Gracias por informar. Tan cretino soy que no me percaté de que vivo en el santuario de la acracia. Y todavía hay quien dice que nuestro régimen es totalitario. Eso porque no escucha a nuestro amado líder cuando dice: “Yo no mando; razono, medito y doy consejos”.
Entre otros divertimentos, disfrutamos la docta disertación del Dr. Armando Torres Aguirre, Presidente del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana. Amigo de un amigo por más señas. Como si no bastarán agregó otros abalorios al ajuar quincallesco tribunalicio. Según el Sr. Torres, los tribunales en Cuba son: ‘independientes, libres y equilibrados por el principio de “proporcionalidad”, engaño con que se encubre en los llamados “jueces legos”, su carácter decorativo’.
Para concluir, nada mejor que las declaraciones del Presidente del Tribunal Supremo Popular, Dr. Rubén Remigio Ferro. Según él, una de las más abuelizadas virtudes de la ‘justicia revolucionaria’ es la celeridad con que actúa. Como para morirse de risa, si no fuera por sus dramáticas consecuencias. Comparar la lentitud de otros sistemas de justicia con el nuestro me parece injusto. Nuestros tribunales son lentos. Tardan no menos de un mes en notificar una sentencia dictada antes de comenzar un juicio. ¿Quién dijo que los tribunales necesitan más pruebas que la palabra de un fiscal revolucionario?
En fin, el Dr. Ferro dijo cuando se refería a la conducta de los tribunales y lo cito: “su postura incorruptible (la de los tribunales) ha impedido la pérdida de confianza
por parte del pueblo”. Mucho más chistoso que el veintiúnico programa humorístico televisivo. Como habrá reído el pueblo que lo escuchó. Sobre todo los que han pagado 400 o 500 fulas (cuc) para tocar a los robespierre de la justicia cubana y salir limpios. ¡Cómicos que son los juristas!
Nota de SDP: José Alberto Álvarez Bravo es secretario de Relaciones Públicas del Partido Liberal Nacional de Cuba (PLNC)
Pero así como la aspereza de un timbre sonoro no desvaloriza un mensaje de amor, la sonriente eufonía de Doña Emilia no logró encubrir las irritantes mentiras con que justificó su salario de amanuense.
A tres puntos de su intervención me voy a referir. Son los que ella denomina Principios Básicos de la administración de justicia.
La vice ministra nos informó que la administración de justicia se rige por principios. Y los menciona: imparcialidad, colegiación y participación popular.
Las palabras “justicia revolucionaria” me evocan los tristemente célebres “Tribunales Revolucionarios”. Estos enviaron a la muerte a miles de compatriotas, con la naturalidad que por acá decimos, “como tomar un vaso de agua”. Sabemos que a modo de justificación se esgrimirán los manidos argumentos de: La ‘revolución’ necesitaba, o sigue en la necesidad de defenderse.
Pero veamos: Habría que ver la ‘imparcialidad’ de aquellos circunspectos magistrados. Me pregunto que habría sucedido si alguno se hubiese atrevido a levantar su pulgar, al decidir la suerte de los pre condenados. Moriré con la duda.
Colegiación. Huele a distribución equitativa de la culpa, histórica o flagrante. ¿Torquemada colegiaría sus decisiones? Aritmética elemental: Culpa repartida entre cinco, toca a veinte por ciento. Pesa cinco veces menos. Tal vez no me aplaste.
Participación popular. Más claro ni el agua. No se trata de nosotros, la nomenklatura y sus testaferros. Es la soberana expresión de la voluntad popular. Nuestros pérfidos enemigos podrán difamar. Nunca podrán decir que no respetamos la voluntad popular.
Otra gema de la facunda Emilia fue cuando afirmó: ‘No hay obediencia jerárquica en nuestros paradigmáticos tribunales’. Tampoco en otras anatomías de nuestro cuerpo social. Gracias por informar. Tan cretino soy que no me percaté de que vivo en el santuario de la acracia. Y todavía hay quien dice que nuestro régimen es totalitario. Eso porque no escucha a nuestro amado líder cuando dice: “Yo no mando; razono, medito y doy consejos”.
Entre otros divertimentos, disfrutamos la docta disertación del Dr. Armando Torres Aguirre, Presidente del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana. Amigo de un amigo por más señas. Como si no bastarán agregó otros abalorios al ajuar quincallesco tribunalicio. Según el Sr. Torres, los tribunales en Cuba son: ‘independientes, libres y equilibrados por el principio de “proporcionalidad”, engaño con que se encubre en los llamados “jueces legos”, su carácter decorativo’.
Para concluir, nada mejor que las declaraciones del Presidente del Tribunal Supremo Popular, Dr. Rubén Remigio Ferro. Según él, una de las más abuelizadas virtudes de la ‘justicia revolucionaria’ es la celeridad con que actúa. Como para morirse de risa, si no fuera por sus dramáticas consecuencias. Comparar la lentitud de otros sistemas de justicia con el nuestro me parece injusto. Nuestros tribunales son lentos. Tardan no menos de un mes en notificar una sentencia dictada antes de comenzar un juicio. ¿Quién dijo que los tribunales necesitan más pruebas que la palabra de un fiscal revolucionario?
En fin, el Dr. Ferro dijo cuando se refería a la conducta de los tribunales y lo cito: “su postura incorruptible (la de los tribunales) ha impedido la pérdida de confianza
por parte del pueblo”. Mucho más chistoso que el veintiúnico programa humorístico televisivo. Como habrá reído el pueblo que lo escuchó. Sobre todo los que han pagado 400 o 500 fulas (cuc) para tocar a los robespierre de la justicia cubana y salir limpios. ¡Cómicos que son los juristas!Nota de SDP: José Alberto Álvarez Bravo es secretario de Relaciones Públicas del Partido Liberal Nacional de Cuba (PLNC)
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