jueves, 29 de mayo de 2008

Organizaciones No Gubernamentales

europeas responden a ofensiva diplomática castrista

En los primeros meses de 2008, Raúl Castro anunció varios cambios con respecto a la política económica y agrícola, con la que se persigue eliminar el “exceso de normas” y mejorar la eficiencia global de la economía cubana. Con estos “cambios”, los cubanos ahora pueden comprar algunos bienes que en el pasado estaban prohibidos, o muy difíciles de conseguir (teléfonos móviles, microondas, ordenadores, reproductores de DVD y ciertos productos agrícolas); también se les autoriza a alojarse en los hoteles y centros turísticos originalmente restringidos sólo para los extranjeros, con tal de que puedan pagar por su estancia en “moneda dura;” asímismo, los cambios hicieron posible la “navegación” por los sistemas burocráticos que regulan el uso de la tierra y los cubanos pueden presentar solicitudes y adquirir bienes inmuebles de forma menos complicada; y por último, la gente ya no tiene que verse limitada por lo que se refiere a la cantidad de dinero que legalmente puede ganar. Pese a que ninguno de estos decretos es de alcance suficientemente grande, estos pasos supusieron un impulso para debates y conjeturas sobre si habrá cambios más significativos en adelante. A estas alturas, sin embargo, eso parece muy poco probable.
El proceso electoral por el que Raúl Castro llegó a ser presidente de Cuba estuvo lleno de fallos, de carácter no democrático y diseñado para impedir el cambio. Ya que todos los candidatos para la Asamblea Nacional fueron nominados en un proceso público que no permitía ni el voto secreto ni la presencia de observadores internacionales independientes, fue prácticamente imposible que alguien apoyase a un líder de la oposición o que votase en contra de los candidatos del Partido Comunista de Cuba sin correr el potencial riesgo de tener que afrontar graves consecuencias. Como era de esperar, ninguno de los 614 candidatos propuestos perdió – de hecho, nunca ha pasado algo así, porque todos se presentan para las elecciones sin tener competencia alguna por parte de la oposición. Y fue precisamente esta Asamblea Nacional nuevamente elegida la que oficialmente designó a Raúl Castro como el Jefe del Estado y que apoyó a los cinco vicepresidentes que él había nombrado, y que poseen una media de edad en torno a los setenta años.
Todas las decisiones y declaraciones presentadas por Raúl desde que asumió su cargo parecen resaltar que sus prioridades serán la estabilidad y la continuidad, y no un cambio o algunos pasos hacia la democratización, o una política dirigida a cambiar la trayectoria de Cuba en materia de derechos humanos. Aunque la primera declaración que Raúl hizo a la hora de tomar la presidencia fue que consultaría con Fidel todas las decisiones de gran envergadura, Raúl sabía que para salir de la larga sombra de su hermano y para ser independiente había que hacer pasos pequeños. El nuevo presidente es muy consciente de que tiene que mejorar el rendimiento de la economía cubana, aumentar la producción de alimentos y dedicar mucho tiempo a establecer un control firme en todos los sectores de la sociedad cubana. Si lo miramos detenidamente, estos objetivos son precisamente los que se perseguía con la reciente oleada de “reformas”. En este contexto, es importante tener presente que a lo largo del gobierno de su hermano, Raúl fue acumulando un tremendo poder como jefe militar y ha hecho un gran esfuerzo para asegurar que los militares le sigan prestando un contínuo apoyo (considerando que los militares cubanos controlan, directamente, más del 60 % del turismo, de la exportación e importación y de los sectores agrícolas, estos «cambios» podrían venirles muy bien a sus partidarios). Además, preveemos que Raúl aprovechará su posición como Jefe del Movimiento de Países No Alineados y partirá de los beneficios que Cuba ha ido obteniendo desde que, en los últimos años, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil con sus gobiernos de izquierdas han estrechado sus lazos con Cuba.
Sin embargo, el gobierno de Raúl Castro no ha mostrado ninguna voluntad de cambiar su forma de tratar a la oposición ni de hacer caso a la comunidad internacional que le insta a acometer reformas democráticas. Raúl continúa deteniendo y arrestando a los miembros de las organizaciones cívicas independientes, sobre todo fuera de La Habana, no obstante, ha actuado con más cautela intentando crear y mantener una imagen más bien positiva que negativa en los medios internacionales, con el fin de dividir a los detractores del régimen en los países europeos y americanos. Por lo tanto, es muy probable que algunos prisioneros políticos sean puestos en libertad. Sin embargo, una maniobra así no supondría ningún cambio de actitud ante los derechos humanos ni ante la necesidad de juicios justos ni tampoco implicaría la puesta en libertad de las personas inocentes que fueron encarceladas por el régimen. Con esta maniobra más bien pretendería distraer la atención del tema de los derechos humanos y crear un ambiente de “esperamos a ver lo que pasa en adelante”, donde el problema sería cada vez más abandonado. Cuanto más tiempo Raúl tenga para consolidar su autoridad en los asuntos domésticos, tanto mayor la probabilidad de que podrá mantenerse firme en el poder. Existe la posibilidad de que Raúl Castro no logre controlar el paso de los cambios, al igual que Mijail Gorbachov al final de los años ochenta, pero lo cierto es que no dejará que esto pase sin que él luche en contra.
Considerando lo susodicho, la red de ONGs Europa-Cuba recomienda que la Unión Europea no sólo siga haciendo hincapié en los objetivos y en el espíritu de la Posición Común acordada en 1996, sino que las sanciones impuestas en 2003 y provisionalmente suspendidas en 2005 continúen vigentes hasta que Cuba no cumpla con los requisitos estrictamente definidos y las siguientes condiciones:
1º Puesta en libertad incondicional de todos los prisioneros políticos y respeto de los derechos humanos.
La política de la Unión Europea tiene que hacer responsable al gobierno de Cuba del cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que Cuba formalmente firmó en febrero. Raúl Castro ya declaró en público que sólo respetaría aquellas partes de los tratados que él consideraba «relevantes». La puesta en libertad incondicional de los 55 de los 75 activistas prodemocráticos arrestados en marzo de 2003, junto con los otros 200 o tantos prisioneros políticos que siguen encarcelados, debería ser un punto de partida para abrir negociaciones, y no un objetivo final para justificar un cambio político. De la misma manera, una puesta en libertad de unos pocos prisioneros de conciencia no debería suponer una excusa para que los demás países perdonen los crímenes originales del régimen castrista.
2º Convocatoria de elecciones libres y justas bajo la presencia de observadores internacionales.
Cuba es el único país en el hemisferio occidental que no ha aceptado la democracia y que reprime todas las formas de disconformidad política. El régimen actual debería despenalizar la existencia de otros partidos políticos y permitir que los cubanos puedan votar a los representantes de su propia elección sin temer la encarcelación, la pérdida de trabajo o las amenazas con actos de repudio. Todo esto debería hacerse bajo la presencia de observadores internacionales.
3º Adopción de reformas que introduzcan más libertades civiles y que permitan la libre circulación de información en Cuba.
El gobierno cubano tiene que garantizar los derechos básicos como son el derecho de expresión y las libertades de prensa y de reunión, aboliendo los estrictos controles de todos los medios de comunicación. Esta medida también debería incluir el acceso libre e ilimitado a la prensa nacional e internacional, a la televisón, la radio e internet. Las reformas tienen que posibilitar que la información sea difundida sin restricciones tanto dentro como fuera de Cuba.
4º La Unión Europea debería apoyar la sociedad cívica independiente y la oposición pacífica democrática, financiando sus proyectos y organizaciones, facilitándoles el acceso a Internet y/o a otras fuentes independientes de información, continuando con los gestos simbólicos tales como las invitaciones a los actos oficiales, y promoviendo los contactos entre los pueblos mediante programas concretos dirigidos a la creación de una red de conexiones sociales.
Hasta que el gobierno cubano no permita a las organizaciones cívicas y a los partidos políticos desempeñar sus actividades libremente y de forma abierta, la Unión Europea debería apoyar a éstos con fondos, con el acceso a la información, con instrucción y capacitación, y con gestos simbólicos para que los disidentes y los líderes de la oposición tengan la certeza de que sus esfuerzos son reconocidos, apreciados y legítimos. El gobierno Cubano tiene que reconocer públicamente el derecho legal para la existencia de organizaciones de la sociedad civil. Además, la Unión Europea debería lanzar una inspección independiente del programa de subvenciones de la delegación de la UE en La Habana, dirigido al apoyo del intercambio cultural y del sector cívico, con el fin de confirmar o rebatir las acusaciones según las cuales algunos proyectos fueron cancelados o no aprobados debido a una presión directa por parte de las autoridades cubanas. Asimismo, la Unión Europea debería introducir un programa para promover el establecimiento de contactos. Tal programa supondría otro instrumento adicional de apoyo a la sociedad cívica independiente en Cuba y facilitaría a todos los cuidadanos y las instituciones cubanas sin excepción (ya sean educativas, culturales, científicas, de juventud u otras) tomar parte en programas de intercambio con los pueblos europeos. La Declaración de los Derechos Humanos de la ONU consagra la libertad de movimiento y resalta la importancia de la formación, y ya que Cuba firmó esta declaración desde hace tiempo, tiene la responsabilidad de cumplirla.
5º Los países miembros de la Unión Europea que vivieron el comunismo en el pasado y han pasado por la transición democrática deberían ofrecer su experiencia y sus consejos a Cuba.
En la Unión Europea hay por lo menos diez países ex-comunistas de partido único que han pasado con éxito por una transición democrática y que deberían compartir su experiencia con Cuba de forma abierta y sincera. La Unión Europea debería utilizar esta experiencia como una forma de enseñar a los cubanos las distintas maneras de las que esas transiciones transcurrieron y compartir con ellos las lecciones aprendidas para convencerles de que Cuba también puede encontrar un camino y de que su pueblo también puede vivir mejor.
6º Cualquier cambio en la política de la Unión Europea debe sustentarse en el cumplimiento previo de unos estrictos requisitos y condiciones por parte de Cuba.
Recientemente, Cuba declaró que las suspendidas sanciones de 2003 suponían la mayor traba para unos enlaces más estrechos entre la isla y la Unión Europea, sin embargo, esto es algo muy difícil de creer. Cuba es el único país en el hemisferio occidental con el que la Unión Europea no ha firmado ningún acuerdo de cooperación bilateral y de entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico es el único país que no ha firmado de manera formal el Acuerdo de Cotonou. El hecho de que Cuba llegó a ser tratada de forma diferente a muchos otros países no es puramente accidental ni se debe a un caso de discriminación, sino es un resultado directo de los intentos del régimen castrista de obtener más privilegios sin tener que comprometerse a tomar un camino de democratización ni a cambiar la trayectoria del país en cuanto a los derechos humanos. Puesto que en el gobierno cubano se puede percibir una especie de distensión, como si los dirigentes se eximiesen de sus responsabilidades, es razonable que la Unión Europea defina unos requisitos y condiciones extraordinarias que formen un marco de negociaciones sobre el establecimiento de relaciones normalizadas entre las dos partes. Debería reclamarse que Cuba vuelva a presentar su solicitud para firmar el Acuerdo de Cotonou y que el respeto a las disposiciones de los derechos humanos estipuladas en el artículo 96 debería considerarse como un criterio de su aceptación. Las suspendidas sanciones de 2003 deberían seguir siendo válidas hasta que Cuba no ponga en libertad a todos los 75 prisioneros de conciencia y prisioneros políticos, ya que el único delito que éstos cometieron fue abogar de forma pacífica por el mismo tipo de cambios democráticos que se supone sirven como la piedra angular de todas las relaciones exteriores de la Unión Europea.
Si Cuba no se compromete a tomar medidas pertinentes, no hay ningún motivo justificado por la Unión Europea para cambiar de manera significativa su Posición Común ni para percibir los últimos acontecimientos en la isla de otra forma como tan sólo el último ejemplo de lo lejos que el régimen autoritario está de renunciar al poder.
Praga, abril de 2008
Suscriben:
Asociacion Iberoamericana por la Libertad (España)
Christian Solidarity Worldwide (Gran Bretaña)
Fundacion Hispano Cubana (España)
International Society for Human Rights (Alemania)
KIC – Christian Democratic International Center (Suecia)
People in Need (República Checa)
People in Peril Association (Eslovaquia)
Pontis Foundation (Eslovaquia)
Solidaridad Española con Cuba (España)
Por la red de ONGs Europa-Cuba

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