El Calvario, La Habana, agosto 28 de 2008, (SDP) En Cuba, un país pobre y con un atraso económico insuperable, transportar bienes desde una provincia a otra, con el fin de intercambiarlos o para el consumo individual, es un delito.
La inclinación al trueque es una característica innata de la naturaleza humana. La actividad comercial, desde la antigüedad, constituye un elemento clave para el desarrollo de las sociedades.
El Código Penal, bajo la figura delictiva del acaparamiento y la especulación en su artículo 230, sanciona al “particular que adquiera mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancias”.
También al que “retenga o transporte mercancías o productos en cantidades evidente e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales”.
No queda claro en el precepto, que es los que el legislador entiende por “cantidades evidente e injustificadamente superiores”, a las requeridas por un ciudadano o su familia para el consumo.
No obstante, la población esta conciente que transportar ciertas cantidades de un producto conlleva el riesgo de multa y decomiso de la mercancía. Entonces, transporta menos y con mayor variedad de productos. De esta manera ya no realiza una conducta antijurídica.
Pero esto no le basta a la autoridad. Están plenamente concientes de que el pueblo tiene que sobrevivir. Supervisan las autopistas del país desde un sinnúmero de puntos de control policial. El objetivo no es la seguridad del transporte terrestre, sino atrapar en el hecho a todo aquel que traslade mercancías, sean en grandes o pequeñas cantidades.
Sabe que la necesidad obliga a la mayoría de los ciudadanos a vender parte de esa mercancía, para solventar otras necesidades. Por ejemplo, los gastos de transportación. De ahí que establezca la presunción, que no admite prueba en contrario, de que se trasporta esa cantidad para la reventa, actividad prohibida por la ley.
Por medio de decretos leyes o decretos, el gobierno convierte en ilícitas conductas que por los preceptos del Código Penal, no tipifican un delito. Transportar café, quesos o chocolate no afecta intereses de carácter público inherentes al bienestar, la convivencia social, la seguridad, la prosperidad o la tranquilidad de la sociedad.
El contenido de las referidas disposiciones es desconocido por los ciudadanos. Situación que permite a las autoridades, decomisar cualquier producto e imponer multas de entre 30 hasta 15 mil pesos.
También proliferan las conductas corruptas por parte de las autoridades. Los policías son ciudadanos victimas del sistema y necesitan subsistir. Lo hacen, aunque sea a costas del sudor ajeno. Es en este marco de inestabilidad e inseguridad en que se mueve el entramado social cubano
laritzadiversent@yahoo.es
1 comentario:
Esa política comercial absurda es la que tiene al cubano pasando hambre. Lo que debía considerarse delito es el interferir con el comercio inter-provincial. ¿Cual es el objeto de tener carreteras de ocho vias, si no se puede comerciar o viajar libremente? El trueque, al que han reducido a la población es la forma de intercambio de la época paleolítica. Por eso estamos jodios.
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