El pasado 6 de mayo, entregué personalmente, en sus respectivas sedes, un escrito dirigido al General Raúl Castro, Presidente del Consejo de Estado, al General Abelardo Colome, Ministro del Interior, al Sr. Ricardo Alarcón, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), al General Juan Escalona, Fiscal General de la República, a la Sra. María Esther Reus, Ministro de Justicia, y al Sr. Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular.
En dicho escrito, y en uso del derecho conferido por el artículo 63 de la Constitución de la República, pedí a estas autoridades la liberación de mi hijastro, quien lleva dos años en prisión condenado por la presunta comisión de un delito común que ni siquiera ocurrió.
El propio artículo mencionado establece el derecho ciudadano a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley. Hoy 20 de agosto se cumplieron ciento seis días de haber oído, de labios de la funcionaria competente, un seco “se le dará respuesta”; la ley estipula sesenta días, pero cuando a las autoridades no les conviene tocar un tema, dan la callada por respuesta.
Cualquier persona interesada en conocer detalles sobre esta inmoralidad, que con tanto celo esconden los detentadores del poder, puede formularme las preguntas que desee.
José Alberto Álvarez Bravo
Edificio E-1 apto. 29 zona 10
Alamar Habana del Este C. Hab.
Teléfono 762 12 86
josealberto.alvarezyahoo.com
Marlene Crespo García
Ave. 65 No. 13422 e 134 y 136
Marianao C. Hab.
Teléfono (centro de trabajo) 260 63 56
En dicho escrito, y en uso del derecho conferido por el artículo 63 de la Constitución de la República, pedí a estas autoridades la liberación de mi hijastro, quien lleva dos años en prisión condenado por la presunta comisión de un delito común que ni siquiera ocurrió.
El propio artículo mencionado establece el derecho ciudadano a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley. Hoy 20 de agosto se cumplieron ciento seis días de haber oído, de labios de la funcionaria competente, un seco “se le dará respuesta”; la ley estipula sesenta días, pero cuando a las autoridades no les conviene tocar un tema, dan la callada por respuesta.
Cualquier persona interesada en conocer detalles sobre esta inmoralidad, que con tanto celo esconden los detentadores del poder, puede formularme las preguntas que desee.
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