Arroyo Naranjo, La Habana, setiembre 18 de 2008, (SDP) Es justo reconocer que la inversión extranjera en Cuba reporta beneficios a la economía. Sin embargo, ella por sí sola no es la solución para enfrentar los problemas que la agobian.
La Ley No 77 se adoptó en 1995 para brindar seguridad y garantías al inversionista extranjero y con ello obtener la recuperación económica. Así lo hace saber el Parlamento Cubano en la introducción de esta disposición normativa.
En ella, la Asamblea Nacional expresa que a través de la inversión extranjera, Cuba podía obtener (entre otros objetivos) mayor eficiencia productiva, mejoramiento de la calidad de los productos y los servicios que se ofrecen y una reducción en los costos.
A trece años de haberse aprobado esta ley, vale la pena preguntar si aumentó el bienestar del pueblo cubano. ¿A que servicios se refería el parlamento, a los que reciben los extranjeros o los que se ofrecen a la población? En cuanto a estos últimos, sobran los comentarios.
Los salarios insuficientes desmotivan a los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, a trabajar con el Estado ¿Cómo resuelve el gobierno el problema de abstinencia laboral, que lo obliga a incrementar la edad para retirarse por vejez? Aplicando hasta 4 años de prisión por peligrosidad social.
Esto conlleva otro problema, el de las ilegalidades. El bajo poder adquisitivo de miles de familias determina que estas vivan al margen de las regulaciones estatales para resistir a la permanente crisis.
¿Cuál es la solución a este otro conflicto? El despliegue de operativos policiales para atrapar in fraganti a los que se dedican a actividades económicas individuales.
¿No es más fácil legalizar la situación de personas que optan por vivir independiente de las dádivas del Estado?
¿Por qué el gobierno cubano no incentiva las actividades lucrativas de los ciudadanos? Al igual que la inversión extranjera, la iniciativa económica individual de los cubanos reporta mayor productividad, creación de nuevos puestos de trabajo, etc.
En principio, una de las razones que fundamentó la exclusión de los cubanos del quehacer económico nacional fue el igualitarismo social que pretendió el socialismo y que nunca alcanzó.
Para intentar garantizar un derecho, se violentaron otros. Una supuesta igualdad social justificó que el gobierno actuara en contra de los dictados constitucionales y originara una forma institucionalizada de segregación por razones de origen nacional.
Cuba necesita una ley de inversión, no de exclusión. La vigencia por 13 años de la ley 77 solo trajo el apartheid económico. No es justo que el capital extranjero sea el único que valga en la economía de los cubanos.
laritzadiversent@yahoo.es
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