Arroyo Naranjo, La Habana, noviembre 27 de 2008 (SDP) Gerardo Jiménez Torres tenía dos años cuando su padre, Gerardo Marcial Jiménez Vargas, cayó en el combate del Posón de Jíbara, el 12 de abril de 1958, en la guerra librada por los rebeldes bajo las órdenes de Fidel Castro contra el gobierno de Batista. Hoy el hijo del mártir tiene 52 años. Fiel a sus principios revolucionarios, ha denunciado por más de siete años las maquinaciones y abusos de un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) hacia su familia.
Gerardo padece de una epilepsia severa desde los 12 años de edad y es atendido por la Dirección Municipal de Atención a Combatientes y Familiares de Mártires.
Vive desde 1986 en Pasaje A número 60, entre Morris y Julio de Cárdenas, reparto Fraternidad, municipio capitalino de Arroyo Naranjo. Se desempeña como custodio en la escuela primaria Leonel Fraguela, en el propio municipio. A pesar de su padecimiento, es vanguardia de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la capital con más de 122 donaciones de sangre avaladas.
El policía en cuestión se nombra Alfredo Fermín Cordero Pérez, sargento y chofer del Jefe de la unidad policial de Calabazar, municipio capitalino de Boyeros. Es natural de la provincia Granma y desde los 17 años, cuando llegó a La Habana para pasar el servicio militar en el Ministerio del Interior, reside ilegalmente en la capital.
La amistad de Gerardo Jiménez Torres y Alfredo Fermín Pérez se funda en 1994. Gerardo, al conocer que su compañero Fermín presentaba problemas de vivienda, decide acogerlo en su casa en condición de préstamo temporal por humanidad. En ese entonces, el sargento Gerardo optaba por una vivienda en la micro brigada de Las Guásimas, municipio capitalino de Arroyo Naranjo, propiamente en una obra constructiva a cargo del Ministerio del Interior (MININT).
Luego de varios meses de convivencia, el hijo del mártir decide visitar a su familia en la provincia de Las Villas. Al regresar, el sargento Fermín había dividido y ocupado ilegalmente más de la mitad de la vivienda (portal, sala, comedor y baño), dejando para Gerardo las dos habitaciones.
El incidente desató un litigio que ya dura más de catorce años. Gerardo, su esposa Inés Maria Días Casanova y la licenciada Yuset Sosa Gómez, del bufete colectivo de Nuevo Vedado, presentaron al Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana 26 pruebas documentadas del caso, así como el certifico del terreno asignado por la Dirección Municipal de Atención a Combatientes de Arroyo Naranjo a Gerardo Jiménez.
Entre las pruebas presentadas aparecen: cartas de Delsa Esther Puebla Filtres (General de Brigada y Directora Provincial de Atención a Combatientes), Eusebio Mario Fernández Ortiz (combatiente del Ejercito Rebelde), Alejandro Álvarez Jiménez (Dirección de Vivienda Arroyo Naranjo), Lázaro Fidel Oviedo (proyectista civil a cargo de la ampliación y remodelación de la vivienda) y Felipe Miranda Torres (Presidente del CDR # 1 de Fraternidad).
Su caso consta en el Instituto Nacional de la Vivienda, donde Gerardo y su esposa fueron entrevistados por Reinaldo Figueroa Zayas, jefe del departamento de Atención a la Población.
Actualmente el suboficial Alfredo Fermín Cordero Pérez, vive con su esposa e hijas en la propiedad de Gerardo, la cual “ocupó ilegalmente sin encontrarse en el Registro de Direcciones, ni en la libreta de abastecimiento”, según declara en su carta el presidente del CDR, Felipe Miranda.
Sin embargo, dicho agente de la policía aparece registrado desde el 17 de abril de 1992, en la propiedad de Teresa del Carmen Saborí García. Esta vivienda se ubica a escasos metros de donde reside ilegalmente (Pasaje A S/N, entre Julio de Cárdenas y Morris, también en Fraternidad).
El suboficial Alfredo, es considerado por los vecinos un individuo de pésima conducta social y adicto al alcohol. Como miembro de la PNR, tampoco ha ascendido de grado en los últimos diez años, además de ser separado de la micro brigada en la que laboraba esporádicamente.
Según familiares de Gerardo, tal impunidad sólo puede conseguirse con favores de uniforme y charretera, o intentando manipular a funcionarios civiles y falsificando documentos de una vivienda que no le pertenece.
El hijo del mártir, Gerardo Marcial Jiménez Vargas, sin dudas ha contado con el apoyo de los diferentes organismos de vivienda en la capital y la Asociación de Combatientes. Ha dejado constancia de sus documentos legales en el Consejo de Estado, en la Dirección General de la PNR, en la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia.
¿Como es posible que un agente del orden público, velador por plantilla de la legalidad socialista, pueda registrarse legalmente en una vivienda y vivir ilegalmente en otra?
Esto no lo pueden entender revolucionarios como Gerardo Jiménez Torres y su esposa. Acudir a la prensa independiente fue su última opción, a pesar de no renunciar ni por un minuto, a ser el hijo de un mártir.
odelinalfomailto:odelinalfonso@yahoo.com
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