LA IMPUNIDAD VERDEOLIVO, Félix Reyes Gutiérrez

Ranchuelo, Villa Clara, noviembre 20 de 2008, (CP) Durante 50 años, Cuba ha sido administrada por los promotores de la infracción. Las disímiles campañas que el gobierno cubano ha desatado contra la corrupción y las ilegalidades han sido inútiles, porque el propio sistema las genera.

Ernesto Manuel Alonso Martínez, recolector de materias primas para la elaboración de escobas, cepillos y brochas, trabajó como contratista privado con la empresa Muebles de La Habana, desde enero de 1961 hasta abril del 1968.

A inicios de 1968, Ernesto Manuel residía en la calle José Mostrapa # 35, del reparto Casa Piedra, en la provincia Las Tunas, cuando Lucio Rodríguez, miembro de la Policía Nacional Revolucionaria en la delegación Camaguey, le formuló una denuncia por un supuesto delito de Malversación a la entidad habanera.

Debido a la imputación, el cuentapropista sufrió un primer registro donde le ocuparon 450.00 pesos moneda nacional, la propiedad de 5 caballerías de tierra, un molino de viento, once vacas, un caballo y una vivienda de madera y tejas.

Dos semanas después, le decomisaron un camión marca Dodge del 1952, de color rosado y verde, con chapa 184-873, un auto Pontiac del 1948 con matrícula 388-999, un juego de cubiertos de plata de 99 piezas y un juego de llaves para mecánicos profesionales. También le incautaron 600 pesos que tenía guardados en su vivienda, así como trescientos ochenta y un pesos depositados en el Banco Nacional de Cuba.

Al reclamar a las autoridades camagüeyanas sobre la expropiación de sus bienes, Ernesto Manuel fue detenido y enjuiciado. La vista oral fue presidida por el juez, el teniente Mario Castro González, el fiscal uniformado Armando Agusty De la Vega, el ya citado Lucio como acusador y los trabajadores agrícolas Miguel Fuentes Fuentes y Arturo Carmenate Ruiz, como vocales.

En el proceso judicial, celebrado en el Círculo Social del poblado Camalote, en la municipalidad de Nuevitas, antigua provincia de Camagüey, además participaron unas 50 000 personas convocadas bajo presión y transportadas en vehículos del gobierno de la región.

A pesar de la sentencia de tres años de privación de libertad por malversar presuntamente 10 000 pesos a la empresa situada en Zapata # 415, esquina a C, de la barriada del Vedado, en el juicio no se presentaron pruebas documentales ni testifícales. A su vez, los directivos de Muebles de La Habana estuvieron ajenos a lo ocurrido.

Tres años más tarde, Diosdado Navarrete, administrador de la mencionada entidad, Lilian Alfonso, jefa del departamento económico y Joaquín Gual, contador, confeccionaron un manuscrito a quien pueda interesar, el cual plantea que el acusado no tiene adeudo alguno con la empresa. Tampoco en el Registro Central de Sancionados, del Ministerio de Justicia, constan antecedentes penales.

Ernesto Manuel ha reclamado el injusto proceder a la Fiscalía Militar y a la Fiscalía Provincial del territorio agramontino. También a la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Asimismo a la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado. La respuesta ha sido sin lugar.

Durante los primeros meses del 2008, el caso se presentó al Licenciado Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular. Remigio orientó la revisión del caso a la directora del Tribunal Popular Provincial en Camaguey, la letrada Magalys Vaquero.

La encargada de impartir justicia en la popularmente conocida como tierra de los tinajones, denegó el estudio de la causa 757/1968. Magalys Vaquero planteó que la acción penal contra el delito había extinguido, según el Código de Defensa Social vigente.

El día 26 de Octubre del 2008, se cumplieron 40 años del ilícito juicio contra el ciudadano de 83 años de edad, quien vive actualmente en casa unas amistades. En el domicilio # 182 de la calle Prolongación de Independencia entre 1ra y 2da, del Reparto Tirso Díaz, en Santa Clara, Villa Clara, convive junto a seis personas.

Los medios de difusión masiva en el país promulgan que la vista oral efectuada a los cinco espías de la Red Avispa resultó amañada. Afirmación errada si tenemos en cuenta que en Miami los defendieron profesionales de la abogacía. Paradójicamente a Ernesto lo vulneró la impunidad del uniforme verdeolivo.
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