Jaimanitas, La Habana 9 de julio del 2009, (SDP). Jorge Omar Lorenzo Pimienta, presidente del Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Cuba, fue uno de los opositores detenidos el día 3 de junio, para tratar de impedir que asistiera a la reunión ordinaria del Parlamento Opositor “Agenda para la Transición Cubana”. Lo tuvieron casi 24 horas en la estación de policía de San Antonio de los Baños, La Habana.
Es una experiencia desagradable permanecer algún tiempo, por mínimo que sea, en una estación de policía. Allí se está en contacto con el marasmo delictivo de la ciudad, algo que por definición nada tiene en común con la lucha pacífica de los opositores cubanos a favor de cambios democráticos en la isla. Sin embargo, la problemática socio política no se puede clasificar en blanco o negro, por el contrario, está llena de matices, al igual que la piel de nuestra población. Lorenzo Pimienta pudo constatar que los opositores no son la excepción, pues otros ciudadanos cubanos son también encarcelados sin cometer delito alguno.
Cuenta este defensor de los Derechos Civiles, que desde la celda donde se encontraba escuchó al oficial de la carpeta preguntar:
− ¿Qué delito cometió ete detenido, nague?
El jefe de sector que traía a un ciudadano esposado contestó:
− Veea, ninguno. Tiene carnet de Granma, compay. ¡Mételo en el calabozo!”
Lorenzo meditó en su aislamiento: No es xenofobia. Ambos policías eran evidentemente oriundos también de la región oriental de la isla. Además, en cualquier lugar de las provincias habaneras se pueden ver estudiantes latinoamericanos y turistas extranjeros mezclados con la población cubana dándole un carácter cosmopolita a la ciudad. ¿Por qué entonces esta discriminación con nuestros hermanos orientales?
El Derecho Penal cubano ha sido objeto de críticas por parte de especialistas y observadores de los derechos humanos porque no brinda garantías al ciudadano, ya que se utiliza para beneficio del régimen. El nuevo Código Penal actualizado, por ejemplo, reinstaura la controvertida “Ley de Peligrosidad”, denominación por la cuál se puede enviar a la cárcel a quien no haya cometido delito alguno, pero se presume que tiene intenciones de cometerlo. Es un saco muy ancho, ahí cabe todo cuanto les convenga: lo mismo se aplica a un opositor, que a un delincuente común, que a un simple ciudadano por su lucha en procura de la subsistencia o simplemente porque no es residente de la capital.
Cada día la policía arremete inclemente contra la población, piden carné a todo el que se les ocurre, fundamentalmente a jóvenes. El más pequeño indicio puede ser fatal para el ciudadano abordado e ir a dar a un calabozo por unos días, sin razón. Puede que la familia lo espere para almorzar y al hombre lo estén montando en un tren para enviarle de vuelta a su provincia, donde al llegar le levantan un acta de advertencia antes de darle la libertad, que es el primer paso para aplicarle la ley de Peligrosidad. Es un acoso despiadado contra la población. Cuba se mantiene en un constante estado de excepción, pero como nos hemos acostumbrado tanto al abuso, no se echa a ver.
Sin embargo este Código Penal, en el Título IV, Capítulo I, dice que será objeto de detención quien intente cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo, al delincuente infraganti, al que se dé a la fuga de una sanción o a un acusado declarado en rebeldía, al acusado por delito contra la seguridad del Estado, por un delito cuya sanción seria mayor a seis años, por hechos que hayan producido alarma o por delitos que se cometen con frecuencia en el municipio.
Todo hombre tiene el derecho de moverse libremente y todo cubano debe tener derecho, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, origen nacional o creencias religiosas a domiciliarse en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades. Así lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Reclamar sea respetada es la primera tarea de la disidencia y un deber de todo el pueblo sumarse para procurarla, pero no es tarea fácil. Ya lo dijo Félix Varela, el hombre que nos enseñó a pensar: “...En un país donde hay una población tan heterogénea como en la isla de Cuba, se necesita de una unión mucho mayor que otros pueblos para cualquier empresa política.”
primaveradigital@gmail.com
Es una experiencia desagradable permanecer algún tiempo, por mínimo que sea, en una estación de policía. Allí se está en contacto con el marasmo delictivo de la ciudad, algo que por definición nada tiene en común con la lucha pacífica de los opositores cubanos a favor de cambios democráticos en la isla. Sin embargo, la problemática socio política no se puede clasificar en blanco o negro, por el contrario, está llena de matices, al igual que la piel de nuestra población. Lorenzo Pimienta pudo constatar que los opositores no son la excepción, pues otros ciudadanos cubanos son también encarcelados sin cometer delito alguno.
Cuenta este defensor de los Derechos Civiles, que desde la celda donde se encontraba escuchó al oficial de la carpeta preguntar:
− ¿Qué delito cometió ete detenido, nague?
El jefe de sector que traía a un ciudadano esposado contestó:
− Veea, ninguno. Tiene carnet de Granma, compay. ¡Mételo en el calabozo!”
Lorenzo meditó en su aislamiento: No es xenofobia. Ambos policías eran evidentemente oriundos también de la región oriental de la isla. Además, en cualquier lugar de las provincias habaneras se pueden ver estudiantes latinoamericanos y turistas extranjeros mezclados con la población cubana dándole un carácter cosmopolita a la ciudad. ¿Por qué entonces esta discriminación con nuestros hermanos orientales?
El Derecho Penal cubano ha sido objeto de críticas por parte de especialistas y observadores de los derechos humanos porque no brinda garantías al ciudadano, ya que se utiliza para beneficio del régimen. El nuevo Código Penal actualizado, por ejemplo, reinstaura la controvertida “Ley de Peligrosidad”, denominación por la cuál se puede enviar a la cárcel a quien no haya cometido delito alguno, pero se presume que tiene intenciones de cometerlo. Es un saco muy ancho, ahí cabe todo cuanto les convenga: lo mismo se aplica a un opositor, que a un delincuente común, que a un simple ciudadano por su lucha en procura de la subsistencia o simplemente porque no es residente de la capital.
Cada día la policía arremete inclemente contra la población, piden carné a todo el que se les ocurre, fundamentalmente a jóvenes. El más pequeño indicio puede ser fatal para el ciudadano abordado e ir a dar a un calabozo por unos días, sin razón. Puede que la familia lo espere para almorzar y al hombre lo estén montando en un tren para enviarle de vuelta a su provincia, donde al llegar le levantan un acta de advertencia antes de darle la libertad, que es el primer paso para aplicarle la ley de Peligrosidad. Es un acoso despiadado contra la población. Cuba se mantiene en un constante estado de excepción, pero como nos hemos acostumbrado tanto al abuso, no se echa a ver.
Sin embargo este Código Penal, en el Título IV, Capítulo I, dice que será objeto de detención quien intente cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo, al delincuente infraganti, al que se dé a la fuga de una sanción o a un acusado declarado en rebeldía, al acusado por delito contra la seguridad del Estado, por un delito cuya sanción seria mayor a seis años, por hechos que hayan producido alarma o por delitos que se cometen con frecuencia en el municipio.
Todo hombre tiene el derecho de moverse libremente y todo cubano debe tener derecho, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, origen nacional o creencias religiosas a domiciliarse en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades. Así lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Reclamar sea respetada es la primera tarea de la disidencia y un deber de todo el pueblo sumarse para procurarla, pero no es tarea fácil. Ya lo dijo Félix Varela, el hombre que nos enseñó a pensar: “...En un país donde hay una población tan heterogénea como en la isla de Cuba, se necesita de una unión mucho mayor que otros pueblos para cualquier empresa política.”
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