jueves, 4 de junio de 2009

ARMAR EL ROMPECABEZAS II (LA OPOSICIÓN POLITICA CUBANA)

Casi un cuarto de siglo después de la fundación tras las rejas del Combinado del Este de la primera organización opositora civilista, la disidencia interna no ha logrado articular una alternativa política lo suficientemente fuerte como para constituirse en agente de cambio.

¿UN PARLAMENTO PARALELO?

Agenda para la Transición, presidida por algunas de los más reconocidos líderes opositores, es una amplia coalición de movimientos políticos y organizaciones de la sociedad civil que tratan de unificar estrategias para impulsar las transformaciones democráticas en el país.

Para el periodista independiente Alejandro Tur Valladares, Agenda para la Transición es una especie de parlamento que “pretende animar instituciones civiles que al margen del oficialismo, funcionen como un gobierno paralelo en el que la sociedad reconozca a un representante legítimo y en el que deposite su confianza y autoridad”.

Pero un año después de su fundación, lastrada por los tradicionales problemas de la oposición civilista cubana, Agenda para la Transición dista de lograr duplicar el funcionamiento de las instituciones políticas del Estado y convertirse en legítima representante de los intereses populares. No todas sus figuras alcanzan la estatura política que cabría esperar. Parece que alguien los hubiera seleccionado por mecanismos de simpatía o cualesquiera otros. En resumen, no están todos los que son ni son todos los que están.

La primera prueba para la Agenda, está en funcionar con disciplina interna y con democracia. También desarrollar un trabajo coherente que llegue verdaderamente al pueblo a quien debe ir dirigido su discurso. Veremos si lo consiguen.

ACERCA DEL DIÁLOGO NACIONAL

Osvaldo Paya, líder del Movimiento Cristiano Liberación, que no ha aceptado las invitaciones a integrar la Agenda para la Transición, ha anunciado su decisión de relanzar el Proyecto Varela como un medio de lograr cambios democráticos en la isla. Recientemente hizo un llamamiento al Diálogo Nacional.

Con respecto al llamamiento, Oscar Espinosa Chepe, economista y periodista independiente, en su artículo “Vía libre al diálogo” considera el Diálogo Nacional, “una vía para procurar un consenso en el marco de un civilizado intercambio de opiniones, que tenga como culminación en su primera etapa la creación de una Constituyente, que siente democráticamente las bases para el ulterior desarrollo de la sociedad.”

Opina Chepe que: “Del Dialogo Nacional podrían surgir nuevas ideas y propuestas, tanto provenientes de los actuales activistas por la democracia como de los militantes del Partido Comunista y otros factores sociales. Esto crearía una base sólida y un clima de confianza para un proceso que podría culminar en una nueva Constitución, favorecida por las ricas experiencias históricas de Cuba, especialmente las derivadas de la Constitución de 1940. El proceso tendría en cuenta –además- nuestras tradiciones, aspiraciones de independencia nacional, soberanía y autodeterminación. También habría que priorizar el derecho de los ciudadanos a la educación y la salud gratuitas, así como a la justicia social y una legislación progresista, respetuosa de los Derechos Humanos universalmente reconocidos.”

EL PROYECTO VARELA, 7 AÑOS DESPUÉS

El Proyecto Varela, considerado por muchos la máxima expresión de la disidencia interna, marcó un hito en la lucha por la democracia, no sólo porque logró la adhesión de más de 11 mil cubanos a una modesta propuesta de cambio sino también porque demostró que existía la voluntad popular de terminar con la dictadura.

El Proyecto Varela se propuso cambiar la legislación vigente sin que ese cambio significara una reforma constitucional: “la propuesta no busca cambios en la carta magna, sino a las leyes para que garanticen los derechos que esta carta magna proclama.”

El Proyecto, firmado por 11 mil cubanos, fue presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en marzo del 2002. Esta no lo consideró. La reacción oficial fue una ley de reforma constitucional que declara que el socialismo en Cuba, en cuanto a sistema político-económico, es irreversible.

La reforma constitucional del 2002, aunque se anunció como una respuesta al gobierno de los Estados Unidos, realmente fue una respuesta al Proyecto Varela. El proyecto de reforma constitucional del 2002 fue “propuesto por las organizaciones de masas” en asamblea extraordinaria de todas sus direcciones nacionales el 10 de junio de 2002. Entre los días 15 y 18 de junio, fue sometido a plesbicito sin oposición organizada ni medio para oponérsele y ratificada por una mayoría abrumadora de votantes. Fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional.

Supuestamente la Asamblea Nacional no accedió a las propuestas del proyecto Varela porque éste no cumplió con los requisitos legales exigidos para llegar al parlamento. Su fundamento legal, se apoyaba indistintamente en el derecho de queja y petición y en la iniciativa legislativa ciudadana. Sin embargo, ambas facultades no tienen el mismo contenido ni se ejercitan de igual forma.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, en su artículo 63 establece que “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticio­nes a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”.
Todavía no se ha legislado la ley que regule el contenido, alcance y formas de ejercicio del derecho de queja y petición. Por tanto no hay formalidades jurídicas, es decir, no existen procedimientos para ejercer este derecho.

Puede llegarse a la autoridad con cien mil firmas de ciudadanos o sin ninguna, no hay exigencia en tal sentido. En todo caso, la autoridad está obligada constitucionalmente a recibir y dar respuesta a cualquier petición ciudadana. Aunque la Constitución de la República no lo establece, generalmente las respuestas gubernamentales demoran 60 días, siempre y cuando se fundamenten en el precepto constitucional que reconoce el referido derecho. Sin embargo, esto no significa sean satisfechas las peticiones planteadas.

Por su parte, el artículo 88, inciso g) de la Constitución de la República establece que La iniciativa de las leyes compete:… a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejercite la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condi­ción de electores.

El Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, aprobado el 25 de diciembre de 1996, regula la forma en que deben ejercitar la iniciativa legislativa los sujetos reconocidos en el referido precepto constitucional. En otras palabras, existe legalmente un procedimiento para ejercer la iniciativa legislativa. Dicho procedimiento no fue seguido por los promotores del proyecto Varela.

Por el contenido y la forma del proyecto Varela, este se aviene más con el ejercicio del derecho de queja y petición que con una iniciativa legislativa tal como expone en su fundamento legal. Hace varias peticiones para que se modifiquen leyes vigentes en el sistema legal pero no especifica las reformas concretas de esas legislaciones y como quedarían después de la propuesta modificativa.

El ejercicio de la iniciativa legislativa exige la presentación de un proyecto de ley al Presidente de la Asamblea Nacional, acompañado de una fundamentación que debe cumplir, según el artículo 62 de referido reglamento, ciertos requisitos de forma y contenido. Por ejemplo, si se pretende modificar la ley electoral, deben especificarse los artículos que se reforman y como quedan después del cambio, siempre que se fundamente desde el punto de vista político, económico y social, el por qué de las transformaciones.

El reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular establece además que si la iniciativa procede de los ciudadanos, además del proyecto de ley, la fundamentación, estos deben presentar una declaración jurada ante notario, don­de se acreditará la identidad personal mediante los datos del carné de iden­tidad como documento idóneo y probatorio de la individualización de una persona, así como de que no está invalidada para ejercer el sufragio activo o pasivo (artículo 64).

Los firmantes del Proyecto Varela no cumplieron con los requisitos exigidos por la ley para legitimar la propuesta ciudadana. Evidentemente fue resultado del poco conocimiento constitucional y de la legislación vigente.

El relanzamiento del Proyecto Varela es completamente incoherente desde el punto de vista jurídico. Las faltas legales de que adolece le impedirían llegar a las puertas del parlamento cubano. Se esperaría en vano por el cumplimiento de las demandas que exige.

RELEER LAS LEYES VIGENTES

Manuel Cuesta Morúa, el doctor Darsi Ferrer, Leonardo Calvo, Yusnaymi Jorge Soca, Pedro Llera y el doctor Wilfredo Vallin, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, iniciaron recientemente la campaña "Cien mil firmas por la propiedad", que busca conseguir respaldo para solicitar la modificación del artículo 21 de la Constitución, referido a ese derecho.

"Esta iniciativa se presenta en su calidad jurídica y no política. No estamos defendiendo ninguna forma particular de propiedad, sino la consistencia y el sentido de la propiedad misma en todos sus requisitos", indicaron.

Los promotores dijeron haber repartido boletas por todo el país, cada una con capacidad para 12 nombres. La solicitud será presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esperemos que esta nueva acción de la oposición interna cumpla los requisitos legales porque sino estaría condena al fracaso.

PARP

La iniciativa de la propiedad originalmente parte de un documento elaborado por el recién fundado Partido Arco Progresista (PARP). Desde su primera convención en el año 2008, anunció su intención de “ciudadanizar la sociedad y el Estado”. En ese sentido, el 24 de febrero de este año, el PARP lanzó el documento “Cuatro propuestas para un Nuevo Contrato Social” con el fin de conseguir “la reformulación ciudadana y cultural del Estado”.

Las dos primeras iniciativas se proponen recoger 100 000 firmas a favor de la reforma agraria y el derecho a la propiedad. Las otras dos abogan contra la discriminación religiosa y cultural y las aberrantes políticas migratorias del régimen cubano.

Pese a la modernidad de su discurso (muy a tono con el de la nueva izquierda democrática en el mundo), las propuestas de PARP no parecen viables, al menos en este momento, bajo las condiciones de un régimen dictatorial. La recogida de decenas de miles de firmas se haría impracticable por los obstáculos jurídicos, los tecnicismos y ambigüedades de la legislación cubana.

Intelectualizar el debate, restaurar la relación de soberanía entre los ciudadanos y el Estado y refundar la nación son tareas que tendrán que esperar un mínimo de condiciones democráticas. Declarar agotadas las posibilidades de la oposición evidentemente no contribuye a ello.

La abogada y periodista independiente Laritza Diversent, redactora de SDP y vicepresidenta de la Asociación Jurídica Cubana, advierte: “Es importante entender que validar y dar forma jurídica a los actos que emprendemos, es la única forma de compeler a la clase política a satisfacer nuestras demandas. Es importante no actuar como el gobierno, que viola sus propias leyes, para asegurar mañana un verdadero Estado de derecho. Para ello hay que estudiar, leer y releer las leyes vigentes para determinar, según ellas, cual es la vía idónea para lograr los objetivos propuestos.”

LOS PRO Y LOS CONTRA

Por diversos motivos, no pocos opositores cuestionan el Diálogo Nacional. Consideran que, si antes de proponerse dialogar con el gobierno, Payá no es capaz de hacerlo con otros líderes opositores, el impacto del Diálogo no rebasará los límites mediáticos.

Los opositores más intransigentes, partidarios de la desobediencia cívica, rechazan el llamado de Payá a trabajar con el gobierno en pro de los cambios, dentro de sus leyes, sin quebrar la institucionalidad.

Tanto la Agenda para la Transición como la Unidad Liberal de la República de Cuba, una de las agrupaciones mayoritarias dentro de esta, aceptaron el Diálogo Nacional y no oponen resistencia al mismo. Afirmaron que no harían juego al gobierno al acentuar divisiones entre la oposición. Luego de esta afirmación, no se ha dicho como harán patente ese apoyo en el terreno de la práctica y los gestores del Diálogo Nacional, tampoco han pronunciado palabra en relación con este apoyo.

Osmar Laffita, miembro del ejecutivo de una de las alas del escindido Partido Solidaridad Democrática opina que “las posibilidades del Diálogo aumentarían sensiblemente si lograra atraer a personas de la sociedad civil no vinculadas con la oposición tales como la bloguera Yoani Sánchez, figuras de la Iglesia Católica y artistas e intelectuales contestatarios”. Sólo que muchos de ellos, hoy por hoy, se espantarían ante la eventualidad de sentarse en una mesa de negociaciones junto a los por el régimen satanizados líderes opositores.

Sorprendentemente, el punto del Diálogo Nacional que más controversia ha originado es un tema sumamente sensible para la oposición cubana: la exigencia de liberar los presos políticos.

Los más cautos advierten que el diálogo, para que sea aceptado por las autoridades, debe ser incondicional. Algunos consideran que sería más adecuado pedir una amnistía que contemplara no sólo a los presos políticos sino también a los encarcelados por extravagantes figuras delictivas tales como la peligrosidad social. Los más radicales estiman que pedir la libertad de los presos es atender el dolor de muela y descuidar la carie. Después de todo, en todas las dictaduras hay presos políticos. Bastaría derogar las leyes injustas para vaciar las cárceles.

La principal premisa para un diálogo político es la existencia de antagonistas con un equilibrio de fuerzas equivalentes, que por no poder vencer por otros medios, están dispuestos a pactar. Evidentemente, no es el caso. La dictadura, sin reformistas a la vista, por tener la fuerza de su lado, lleva amplia ventaja. No quiere ni puede dialogar con una oposición a la que, pese a todo, aún logra aislar. Ahora mismo, la nueva razón para la división entre los opositores es quien acepta y quien no, el Diálogo Nacional. En torno a él debatirán hasta quedarse sin fuerzas, entonces surgirá el próximo proyecto.

Por lo pronto, el Diálogo es un programa mediático dirigido al exterior con mínimas probabilidades de realización en el árido terreno de la política interna. Sin una base popular creada, sin un trabajo jurídico serio que lo convierta en ariete contra las ya frágiles estructuras legales de la dictadura, es sólo material para los sesudos de la distancia. El impacto del Proyecto Varela en su momento fue sacar a la luz pública a más de 11 000 inconformes. Asustaron al régimen con el potencial dormido de un pueblo que aspira a ser libre. Nada más.

Por supuesto, los redactores de este trabajo consideramos una gran ingenuidad política pensar que sólo por pulir aspectos jurídicos, el régimen aceptará cualquier proyecto elaborado por opositores comprometidos con el cambio democrático. Pulir los aspectos y especificidades legales forma parte de un juego, en el que se decide participar o no. Si se va a participar, se aceptan las reglas. De esto se trata, tanto el Diálogo Nacional o un eventual relanzamiento del Proyecto Varela, quieren jugar a partir de ignorar reglas, con las que el régimen les descalificará a priori.


LA SOCIEDAD CIVIL

Un esquema político que no cuente entre sus planes con el desarrollo de una sociedad civil activa es un esquema incompleto. En Cuba se cuenta con una incipiente, exigua pero tenaz sociedad civil. Sus vasos comunicantes se extienden desde cuenta propistas ansiosos de escapar a la yugulante presión del estado, hasta asociaciones más combativas como Damas de Blanco, Bibliotecas Independientes y el sector más politizado: los periodistas y escritores independientes.

A este contexto se suma la Iglesia Católica y algunas denominaciones cristianas protestantes, que sobreviven a la influencia del gobierno y con rasgos distintivos muy propios. También los bancos de video clandestinos, los blogueros y algún que otro artista o intelectual que asume en ocasiones, posiciones contestatarias.

Entre las grandes limitaciones que pesan sobre la oposición interna se encuentra su falta de diálogo articulado y concertación con estas fuerzas sociales. Han sido incapaces hasta de lograr una relación armónica con la prensa independiente. Ha faltado consecuencia y respeto. Estos costos políticos habrá que pagarlos algún día. Política no siempre tiene que ser sinónimo de oportunismo condicionado por circunstancias temporales de supervivencia. No importa la gravedad de estas circunstancias.
primaveradigital@gmail.com

TOMADO DE: LA PRIMAVERA DE CUBA; MARZO 2009; No. 14; AÑO 3
http://www.primaveradecuba.org/

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