Vedado, La Habana, octubre 16 de 2008, (SDP) Una vez más, el régimen castrista ha desatado una de las periódicas arremetidas que constituyen el sello distintivo de su política de represión criminal. Al socaire de la tremenda calamidad sufrida en Cuba por el paso de los recientes huracanes, los jerarcas del bolchevismo tropical han acometido la tarea —dificilísima, en verdad— de repartir la miseria; y como se ha hecho costumbre bajo este régimen dictatorial, una vez más le han reservado el papel principal a las armas del derecho penal, para lo cual se ha desatado en todo nuestro archipiélago una represión feroz.
En su conjunto, el enfoque que le ha dado a la catástrofe esa dirigencia no deja de resultar curioso: Como primera providencia, adoptaron la decisión de rechazar olímpicamente generosas ayudas ofrecidas por países extranjeros que por uno u otro motivo no son de su agrado. El multimillonario socorro brindado por los Estados Unidos ha sido repudiado de modo expreso, mientras que sobre el prometido por la Unión Europea no ha habido respuesta. Al referirse al primero, continúan hablando de la modesta cifra que se mencionó inicialmente —“olvidando” que en la última oferta ella ha sido multiplicada decenas de veces—; también siguen aludiendo a supuestas condiciones para su prestación, las que ya no están vigentes. Ese diálogo con el gobierno cubano es con un sordo que no quiere oír, que ya se sabe que es el peor de todos.
En cuanto a la ayuda de otros países por los cuales los dirigentes castristas no sienten ojeriza, no se tienen noticias de que alguna haya sido entregada a los damnificados de manera gratuita. Tanto es así, que la perseguida prensa independiente cubana ha denunciado incidentes de airadas protestas populares motivadas por la venta de las donaciones, incluso en tiendas que comercializan sus mercancías en divisas.
En el plano interno, las autoridades han señalado, como primer blanco de sus dardos, a los compatriotas que libran su sustento dentro del sistema de los agromercados. Se han dictado las correspondientes órdenes que establecen límites a los precios minoristas de los productos. Los líderes del castrismo declaran como algo intrínsecamente malvado que el valor de las cosas crezca cuando las leyes del mercado apunten en esa dirección. Y lo más irónico es que preconicen esa política de restricción y altruismo cuando ellos fueron los primeros en aumentar — ¡y de qué manera!— los precios de los combustibles, y esto — ¡para colmo!— cuando se acercaba un ciclón y las cotizaciones del crudo bajaban notablemente en las bolsas del mundo. Es la probada política de “haz lo que yo digo, y no lo que yo hago”; la actitud del que pretende dar lecciones de moral mientras se pasea en paños menores.
En ese contexto, las normas elementales de la ciencia económica, enunciadas hace siglos y reconocidas hasta por los sesudos profesores de la antigua Unión Soviética, se convierten en una fruslería, en una pequeñez que no merece la atención de los actuales gobernantes cubanos. Ellas deben eclipsarse ante los intereses de la política coyuntural del régimen comunista: La ley de la oferta y la demanda no tiene por qué poseer virtualidad; la noción de que el precio del combustible tenga que reflejarse en el de las mercancías que se transporten no merece la menor atención. En definitiva, es mejor dedicarse a la siempre grata tarea de hacer caridad con los bolsillos ajenos.
Hay que reconocer que no falta algún despistado que se declare identificado con esas últimas medidas del régimen. Ciertos cubanos de a pie, acostumbrados desde hace décadas a la pobreza, pero que al presente vislumbran el rostro canino de la miseria, se sienten contentos de que el próvido gobierno socialista (el mismo que durante casi medio siglo los ha mantenido en un nivel de mera subsistencia) exprese ahora que los precios de los productos agrícolas serán mantenidos bajo control. Esos compatriotas desesperados no paran mientes en que no se trata de los precios —altísimos, como todo el mundo sabe— que fija arbitrariamente el monopolio estatal en su inmensa red de tiendas, sino apenas de los que priman en los minoritarios mercados campesinos.
Por supuesto que los puñetazos de la realidad no tardarán en abrirles los ojos a esos ilusos. De hecho, ya está sucediendo así. Incluso en este momento hablan elocuentemente las tarimas vacías de los agromercados, y todo hace presumir que en las semanas venideras esa situación empeorará. Ante ese cúmulo de realidades, para el régimen no hay recurso más probado que el de la represión: se trata de un campo en el que los comunistas criollos tienen amplia experiencia.
Al menos por el momento, los voceros del castrismo han optado por el lenguaje de las generalidades, de las medias tintas. Se habla de hacerle la vida imposible a quienes se aprovechen de la situación especial de hoy, de la necesidad de actuar con rigor y rapidez, del uso de mucha fuerza y de mano dura, de celeridad y abreviación de los juicios. Pero, al menos por el momento, faltan en la historia oficial los pormenores de la represión.
Esos detalles tenemos que buscarlos en la labor informativa que valientemente brinda la reprimida prensa independiente cubana. El dinámico Carlos Serpa habla de juicios que se desarrollan a puertas cerradas, y en todos los municipios de la capital. También se oye hablar de actos judiciales de ese tipo que se celebran tan pronto se producen las detenciones, incluso en las propias estaciones de policía a las que son conducidos los arrestados; de penas que exceden del decenio.
A la represión a la que puede suponérsele un origen económico, se suma la de carácter claramente político. Menudean las citaciones y otros actos análogos en diversos puntos del territorio nacional donde ha habido airadas protestas populares frente al desamparo que sufren los lugareños. Junto a los delitos de codicia se señala también la proliferación de desórdenes públicos, atentados, desacatos y resistencias. ¿Qué clase de actos pueden esconderse tras esas tipologías penales, sino los que se derivan de explosiones puntuales de la ciudadanía desesperada!
La represión se cierne incluso sobre los que realizan la importante labor de monitorear la situación de los derechos humanos e informar sobre las violaciones de éstos y sobre los pormenores de la arremetida oficialista. Tal es el caso —entre otros— de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
El concepto de que los problemas sociales pueden resolverse enviando gente a prisión se pone una vez más a la orden del día en el seno del establishment cubano. De nuevo se olvida que la política criminal no puede ser un problema de modas (de “ondas”, como diría un joven de hoy). Algunas veces —las menos— los vaivenes típicos del castrismo han conducido al régimen a la despenalización, la concesión de indultos o la tramitación de miles de revisiones en favor de los reos; pero ahora el bandazo de turno lo lleva —como tantas veces antes— hacia el lado opuesto: hacia el incremento de la represión. Regresan los tiempos lúgubres que han estado signados —en dependencia de la situación coyuntural— por la multiplicación de los fusilamientos, por las operaciones policiales y por las sanciones de prisión más propias de paquidermos que de seres humanos. ¡Que Dios se apiade de los cubanos!
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